Naturaleza y desarrollo: Clasismo, inequidad y centralismo

En un país como el nuestro tales ministros, instalados en los alrededores de La Moneda, tendrán el poder para hacer valer su opinión. Y súbditos que en los territorios estarán disponibles para hacerla cumplir.

Hace casi una década, en 2011, publiqué en El Mostrador un artículo basado en una idea que me persiguió durante meses. La noción, sin certeza aún en ese momento, de que gran parte de los ministros de la administración de Sebastián Piñera 1.0 vivían, tenían sus residencias personales, en el sector socioeconómico de la región Metropolitana de más altos ingresos. Mi inquietud tenía fundamentos: había estudios que demostraban que en Chile la marca de nacimiento y el entorno social de origen eran esenciales, no solo una variable más, en la definición del futuro social, profesional y económico de una persona.

Aunque esto suena a obviedad, no lo es a la luz de los argumentos que se esgrimen recurrentemente para tomar decisiones que tienden a mantener el statu quo: Chile es un país meritocrático, existe movilidad social y para tener éxito en la vida (uno de tipo económico, principalmente) solo se requiere voluntad. Es la tesis que sustenta la idea del selfmade man.

Y claro, se sacan a colación ejemplos excepcionales de personas que no proviniendo de familias con elevados ingresos (y redes, y capital cultural), lograron avanzar más allá de lo esperado. De lo para ellos determinado. Existen, por cierto, pero solo como excepciones que confirman una regla, ya que la lógica nos aclara que sin regla no puede haber excepciones. Tal es el tema de fondo: los logros de las políticas públicas no pueden estar basados en lo anecdótico.

Ese lejano artículo se tituló El polígono chileno de la inequidad. Y expuso cómo en 2011 el 86% de los ministros de Sebastián Piñera vivía en un área de 55 Km2 entre las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, en lo que se conoce como el barrio alto de Santiago. Esto sin considerar al propio Presidente, quien también residía intramuros de esa zona. Una en la cual sería prácticamente imposible instalar, ayer y hoy, una cárcel, una mina a rajo abierto, un relleno sanitario, y menos aún una represa, central nuclear o termoeléctrica.

Los argumentos para ese eventual veto territorial podrán ser varios: técnicos como el tipo de suelo presente, naturales como no estar el recurso disponible o de clase como que los presos deben estar cerca de sus familias. Para ello contarán con solícitas consultoras, prestigiosas universidades y agencias comunicacionales que nos explicarán con peras y manzanas por qué dichas infraestructuras estarán mejor cerca de nuestras casas que en las de ellos.

Y en un país como el nuestro tales ministros, instalados en los alrededores de La Moneda, tendrán el poder para hacer valer su opinión. Y súbditos que en los territorios estarán disponibles para hacerla cumplir.

Así lo hemos visto en múltiples ocasiones en regiones y, también, acá en Aysén. Con HidroAysén y Energía Austral hace ya una década, antes con Alumysa. Hoy con las mineras y su ofensiva trasnacional en la región, particularmente en la cuenca del Lago General Carrera. Y a principios de esta semana se repite la historia con el ex ministro y senador UDI Pablo Longueira (que en 2011 tenía su residencia en el polígono chileno de la inequidad) resucitando como autodenominado ambientalista interesado en conectar el Golfo de Penas con la laguna San Rafael mediante la construcción de un canal de gran magnitud en el Istmo de Ofqui. ¡Dentro de un parque nacional!

El problema es multidimensional.

Porque en el grupo de personas que están dispuestas a hacer cumplir los designios digitados por cierta elite se incluyen tanto algunos funcionarios públicos y de confianza que temen perder su trabajo o eventual carrera política, como quienes anhelan cortar una buena tajada y los que han sido convencidos, en un muy bien diseñado sistema educativo y mediático, que la destrucción del lugar en que viven es sinónimo de desarrollo para ellos y sus familias. Es un problema de clase, por tanto.

De alguna forma también nos han convencido, institucional y mentalmente, que en otros pagos reside la noción última sobre lo que es mejor para el país, las regiones y provincias. De las periferias ninguna buena idea puede salir. Es un problema de centralismo, además.

Y contempla factores múltiples porque, como señalara Daniel Matamala en su reciente columna Pedro, Juan y Diego, Chile no es un país en que la equidad sea el principio rector de la movilidad social. Los patines no están disponibles para todos, ni la posibilidad de entrenar, tener pista expedita, equipamiento ad hoc, ni una barra que apoye. Es un problema de inequidad, igualmente.

El tema se ve complejo, pero no más de lo que ha ocurrido en otros tiempos y lugares. La historia tiene recurrencias y de ellas debemos aprender.

Lo que sí tenemos claro es que Aysén y la Patagonia, como cualquier otro terri/maritorio, debe dejar de ser visto por algunos como un botín o despensa. Que tal concepción es, en el fondo, la que ha generado la mayor crisis ambiental de origen antrópico que ha enfrentado el planeta. Eso es lo que, también, debemos cambiar.

Martes 29 de enero de 2019.

Por Patricio Segura.

Publicado en El Divisadero.