NECESIDADES Y DEFICIENCIAS EN EL CÓDIGO DE AGUAS

Carta de Sara Larraín a Pablo Jaeger

    Continuando con el intercambio sobre la disponibilidad, asignación, acceso y uso del agua en Chile, quiero reiterarte que el diagnóstico que hice en la carta anterior es, ni más ni menos, que un consenso parlamentario y gubernamental, lo cual ha fundamentado las reformas al Código de Aguas que se tramitan en el Congreso Nacional.

    El fundamento de la reforma legal esta expresado en la Política Nacional para los Recursos Hídricos, que reconoce que existe déficit entre la disponibilidad de agua y la demanda por ella, entre las regiones de Arica, Parinacota y la región Metropolitana, el cual proyecta que se agravará en las próximas décadas, por lo cual plantea la necesidad de cambios al ordenamiento jurídico para priorizar el consumo humano, establecer concesiones de uso con plazos determinados y causales de caducidad por uso inadecuado o para usos con fines distintos a los concedidos (pág. 36).

    Paso a entregar cifras oficiales de la Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015, emanada de la delegación presidencial para el agua, del Ministerio del Interior y Seguridad Social y del MOP-DGA y Banco Mundial 2011. Ello con el objeto de mostrar las fuentes y cifras de carácter público, en las que he basado mis afirmaciones.

    La Política Nacional informa que en Chile se utilizan 4.710 m3/seg (metros cúbicos por segundo) de agua al año, de los cuales 89% son no consuntivos (en cuya propiedad existe la concentración que denuncié, en base a información del Tribunal de la Libre Competencia) y 11% son consuntivos, y de estos, el 73% se usan en riego agrícola (1,1 millones de hectáreas), 6% en agua potable, 12% en industria y 9% en minería a nivel nacional. No obstante, en regiones desérticas como Antofagasta la minería representa 60% del consumo regional. La mayor concentración en la propiedad de los derechos consuntivos se encuentra en el sector sanitario, donde dos empresas concentran el 74%.

    La autoridad ha reconocido que el uso del agua en el país, en base a los derechos otorgados por la autoridad, se afirma en un fuerte derecho legal, pero una precaria disponibilidad física de agua, lo cual es urgente enfrentar. Ello especialmente en el norte y centro-sur del país, donde el balance entre oferta y demanda de agua no solo es negativa, sino que además la extracción y los derechos de agua otorgados son mayores que la recarga natural. Esto ocurre entre Arica y el Maule, donde existen 110 cuencas sobreotorgadas. Este fenómeno es dramático en cuencas como el río Copiapó, pero se extiende hasta el Maule y el Biobío, donde el 40% y 20% de sus cuencas, respectivamente, sufren sobreotorgamiento de derechos. Los casos más extremos son las cuencas del Mataquito medio, Coronel, Lota y el lago Llanquihue, donde existe un sobreotorgamiento del 200% en los derechos de agua.

    Ante este descalabro jurídico, agravado por la menor disponibilidad de agua, producto de la sequia de los últimos años, y la mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático, la pregunta es ¿cómo llegamos a esto y cómo resolvemos el problema?

    Se hace evidente revisar el marco legal que norma la gestión de este bien público. Justamente de esa revisión surge la crítica de inconsistencia técnica y política de los gobiernos de transición, y el carácter cosmético de sus reformas. Al respecto, la misma autoridad reconoce que el 91% del caudal de los derechos de agua entregados desde 1981 a la fecha corresponden a derechos no consuntivos, y que la mayor parte de ellos (70%) fueron entregados entre 2005 y 2014 con graves falencias informativas. Lo propio y en menor cantidad ha ocurrido con aguas subterráneas, y en menor grado con superficiales, lo cual es parte sustantiva de la crisis provocada por la aplicación del Código de Aguas, ciertamente agravado por las sequias.

    Para mayor abundamiento, las transacciones de derechos de agua, sin ningún condicionamiento de interés público ni supervisión del Estado, también han contribuido a agravar la situación de sobrexplotación e inseguridad hídrica, a consecuencia de una gestión de este bien público carente de criterios de prelación, carente de condiciones de sustentabilidad y subsistencia y que ciegamente algunos sectores quieren perpetuar.

    La autoridad hoy también reconoce que la mayor parte de dichas transacciones (ventas, transferencias, arriendos) sin criterios de interés publico, se realizaron a partir del año 2005, es decir, en los últimos tres gobiernos, y que más del 80% de ellas se concentra entre Coquimbo y Maule, regiones en crisis o con creciente estrés hídrico. Así, las reasignaciones de recursos hídricos por el mercado no tienen ninguna coherencia con las necesidades de las regiones. Recordemos que en 2014 se debió declarar 41 comunas como zonas de escasez hídrica en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Maule, y 54 comunas bajo emergencia agrícola en Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

    Para mayor ahondamiento de la incoherencia del mercado como vía de reasignación de derechos de agua es posible consignar que, en el contexto actual, mientras unos pocos lucran con transacciones de derechos de agua (el agua está legalmente definida como un bien nacional de uso público), todos los chilenos debemos pagar 4,5 millones de dólares mensuales (con platas públicas) para abastecer con camiones aljibe a más de medio millón de compatriotas que no tienen acceso al agua potable para usos domésticos en trece de las quince regiones del país.

    Por todo lo anteriormente señalado, quiero expresarte directamente que no entregas ningún argumento para afirmar que “la alternativa a la reasignación por el mercado es la reasignación por la autoridad administrativa, la cual presenta dificultades”.

    Finalmente, no es satisfactoria la respuesta que entregas sobre la creación de concesiones temporales y caducables. Afirmar que tienes resistencia “(…) porque desvían la atención y energía de los temas importantes; porque para crearlas se pone en entredicho a los derechos de aprovechamiento hoy vigentes, cuyas características futuras se desdibujan; porque crearán confusión, al tener que convivir en paralelo dos instituciones para el uso de las aguas muy distintas; en fin, porque son innecesarias”, constituyen opiniones sin respaldo objetivo. Te ruego fundamentar estas afirmaciones.

    Cordialmente,

     

    Sara Larraín

     

    Publicado en: El Mostrador