Organizaciones quedan con gusto a poco en avances de protección ambiental durante 2017

    Pese a que se destacan ciertos avances en materia de normativas y legislaciones para proteger el medioambiente, también se reiteran importantes episodios de deterioro de la Naturaleza, como los incendios forestales o el apoyo a Alto Maipo.

    Dos documentos que analizan el año en materia ambiental dan cuenta de los avances, retrocesos y de los asuntos pendientes tanto en legislación como en mayor voluntad política. Chile Sustentable y Fundación Terram evaluaron el 2017 con un “gusto a poco” en materia ambiental. Si bien, ambas instituciones reconocen ciertos avances, en general hay importantes materias que quedan pendientes, sobre todo en la mayor capacidad del Estado en la regulación ambiental y la protección de la naturaleza.

    A continuación, un resumen de los puntos más importantes que ambas instituciones mencionaron.

    Tormenta de fuego

    Para Chile Sustentable lo peor del 2017 se refiere a los incendios forestales ocurridos entre enero y febrero de este año. Fueron los “más devastadores de la historia de nuestro país, que según CONAF consumieron 518.174 hectáreas en las regiones de O’Higgins, el Maule y el Biobío”, dice el informe publicado recientemente. Además, calculan que fueron afectadas unas 185 especies y unos 44 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

    Pese a que la justicia investiga a la Compañía General de Electricidad (CGE) como uno de los presuntos causantes de los incendios, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, sostiene que los incendios no fueron un evento fortuito, sino un tema muy anunciado debido a los aumentos de temperatura y los años secos. Esta catástrofe, “pone en evidencia el fracaso de modelo forestal, de cómo se extendió en el territorio sin ninguna regulación y ese nivel de riesgo no se puede asumir como país”, sostiene Larraín a El Ciudadano.

    En definitiva, los incendios ponen de manifiesto lo insustentable del modelo forestal que, por ejemplo, explica la ambientalista, planta pinos y eucaliptus sin cortafuegos en 30 kms. “Eso es una locura y es planificar con altos niveles de riesgos, lo que en definitiva es un error absoluto en la política forestal de plantaciones”.

    Según datos entregados por la Fundación Terram en su balance ambiental 2017, denominado “El legado ambiental le lleva letra chica”, entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2017, los incendios “afectaron una superficie de 518.174 ha, de las cuales un 93% correspondía a superficie forestal. Del total de hectáreas quemadas, 283.659, es decir el 55%, fueron plantaciones forestales y 105.137 de bosque nativo”.

    Hay que recordar que este evento fue catalogado por expertos de la Unión Europea como “Tormenta de Fuego”, un episodio de incendios forestales de “gran envergadura y quedando registrado como uno de los más voraces, rápidos e intensos de la historia”.

    Asimismo, fueron un punto de quiebre en la medición de incendios forestales a nivel mundial, “abriendo paso al primer incendio forestal de sexta generación de intensidad”, relata el informe, en el cual Conaf debió desembolsar más de 21 millones de pesos para palear la catástrofe.

    Ante las críticas, se abrió una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados “de los problemas de recursos, logística y organización existente en el país para el manejo de emergencias producidas por incendios forestales”, que despachó un informe el 31 de agosto y fue ratificado en la sala proponiendo, “suma urgencia para el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, con el objeto de promulgarlo cuanto antes y otorgar mayores funciones y atribuciones al servicio, entre otras cosas, en la prevención y control de incendios forestales”.

    Sara Larraín sostiene que “los incendios forestales cuestionaron fuertemente el modelo forestal”.

    Que así no SEIA

    Tanto Chile Sustentable como la Fundación Terram criticaron la reforma que “relaja” o “flexibiliza” el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las condiciones para presentar determinados proyectos industriales. Para Sara Larraín, en términos concretos, “no hay grandes avances en relación a una mayor participación ciudadana o la protección del medioambiente”, por lo tanto, para la ambientalista esta reforma es “totalmente coincidente con el discurso de facilitar la inversión, hacer más fácil y en definitiva, más flexible el sistema de evaluación ambiental”.

    En el informe de Chile Sustentable se explica que en noviembre, luego de un periodo de consultaexprés de 20 días, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la modificación de Decreto Nº 40 que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    “La modificación flexibiliza las condiciones de ingreso de los proyectos de inversión al SEIA; modifica las circunstancias para el requerimiento de Estudio o Declaración de Impacto Ambiental y los requerimientos de contenidos y los criterios para considerar o no las observaciones ciudadanas”, señaló Larraín.

    Según relata el informe de la Fundación Terram, el Ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, explicó que esta modificación “tiene por principal objetivo agilizar la tramitación ambiental de los proyectos e incrementar su estándar de calidad”. Además, ambos documentos explican que la modificación se basa en buena parte en el trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que instruyó la Presidenta Michelle Bachelet el año 2015, y que tuvo un plazo de consulta pública de 20 días, entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre. Terram critica este punto: “cabe hacer notar lo reducido del plazo dispuesto por la autoridad ambiental para presentar observaciones considerando la importancia que reviste dicha modificación y el componente altamente técnico de la materia en cuestión”, sostiene.

    Chile sustentable relata que esta Comisión estuvo conformada mayoritariamente por “representantes del empresariado, razón por la cual fue desahuciada y abandonada por los representantes de las ONG Terram y Gente” pues no se garantizó la “equidad en la representación y consideración de las propuestas ciudadanas”.

    Tampoco se consideró la participación y contenidos propuestos por la Comisión Sindical Ciudadano Parlamentaria, conformada por ONG, académicos, sindicatos del Ministerio de Medioambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medioambiente y de legisladores de las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados.

    Con los crespos hechos

    Respecto a proyectos que obtuvieron los verde para contaminar, ambas instituciones mencionan el proyecto termoeléctrico Los Rulos, que recientemente obtuvo un espaldarazo importante por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA). Por unanimidad, el CEA rechazó los cinco recursos de invalidación que presentaron comunidades indígenas de Villa Alemana, pero como la mayor afectación que hará Los Rulos será en la comuna de Limache, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) concluyó que no existe afectación para el sector, desestimando los recursos que tenían por objetivo la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de la israelí IC Power.

    Sin embargo, las seis organizaciones recurrirán al Comité de Ministros para continuar retrasando la construcción del proyecto.

    Alto Maipo

    Dentro del balance anual se menciona al cuestionado proyecto Alto Maipo, que desde el año 2009 tiene el permiso ambiental, pero que sin embargo ha encontrado una activa oposición ciudadana que los llevó a tener una serie de dificultades financieras, quedando a un paso de que se declare en quiebra. El proyecto pretende entubar el agua en 70 kms. en los ríos Colorado, Volcán y Yeso.

    Como resultado de los problemas internos que existen en Alto Maipo, relata el informe de Fundación Terram, en enero de 2017 el Grupo Luksic, que tenía el 40% de participación, salió del proyecto asumiendo una pérdida de casi 400 millones de dólares. En junio AES Gener puso fin al contrato con la Constructora Nuevo Maipo (CNM), empresa encargada de ejecutar el túnel que uniría las dos centrales, ya que la constructora identificó serios riesgos en la seguridad. Luego, Aes Gener declaró en default técnico al proyecto, anunciando un sobrecosto que alarmó a los financistas que comenzaron observar con desconfianza las posibles pérdidas que Alto Maipo podría traerles.

    Para terminar la construcción de los túneles, Alto Maipo estaría contratando a Strabag, pero eso aún está en veremos, pues “los fondos destinados a la iniciativa, provenientes de unas 12 instituciones bancarias, estarían congelados hasta que se regule su situación”, sostiene Terram.

    Además, en septiembre, la SMA tiene un proceso de sanción abierto por 14 incumplimientos a las condiciones establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), nueve de ellos  calificados como graves. En medio de este proceso de sanción, Aes Gener ingresó una consulta al SEA para realizar cambios en la ejecución del proyecto.

    A lo anterior, Chile Sustentable sostiene que Alto Maipo “debió haber quebrado, pero el gobierno de la Nueva Mayoría lo ha sostenido, tanto así que incluso, hace dos días, el gerente general de ENAP le planteó al directorio de poner platas públicas al proyecto, porque no le bastan los bancos”. Esta operación, Sara Larraín la califica de “gravísima” pues es poner al Estado como garante de un proyecto que ya está desahuciado. “Además, es plata de todos los chilenos en un proyecto malo y caro que está afectado al territorio”, espeta Larraín.

    Fin a Hidroaysén y su hermano Cuervo y la protección de la naturaleza de Tompkins

    No todo es negativo. También se mencionan en los informes que Hidroaysén murió definitivamente así como el proyecto Cuervo, de la empresa Energía Austral, que también pretendía represar ríos en la Patagonia chilena. Según se menciona en Chile Sustentable, “la cancelación del proyecto hidroeléctrico Río Cuervo es otro gran triunfo de las comunidades locales y las organizaciones socioambientales agrupadas en la Coalición Aysén Reserva de Vida y el Consejo de Defensa de la Patagonia”.

    Tras la muerte del destacado conservacionista Douglas Tompkins, la presidenta Michelle Bachelet inició la firma de un protocolo de acuerdo entre el gobierno y la viuda de Tompkins, para iniciar el proceso de donación de más de 400 mil hectáreas en la Patagonia, destinadas a la conservación de la biodiversidad y con acceso público. Esto, “junto a la voluntad de la Mandataria, permitirá crear una red de parques nacionales, con una superficie de 45.000 kilómetros cuadrados”, creándose tres nuevos parques nacionales: Pumalín, Melimoyu y Patagonia, además de ampliar los parques nacionales Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena.

    Así, se crearán once áreas protegidas para constituir la Red de Parques Nacionales de la Patagonia que integran territorios de las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena.

    También se menciona la creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas, como el nuevo parque marino en Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez de 100 mil km² y la expansión de la actual área protegida de Juan Fernández, anunciada por el canciller Heraldo Muñoz en la Conferencia de los Océanos que se celebró en Nueva York.

    Con este anuncio, Chile completaría “un millón de km² de mar bajo resguardo, siendo el quinto país tras EE.UU., Australia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, con más kilómetros cuadrados marinos protegidos”, sostienen desde Chile Sustentable, valorando de paso “la creación de nuevas áreas marinas protegidas. Instamos a proteger aún más las costas del país y no solo sectores asociados a islas”.

    Las “complicadas expectativas” para este 2018

    Sara Larraín sostiene que las expectativas para el 2018 son complicadas pues muchos proyectos legislativos que iban a tender a proteger el medioambiente quedaron en la incertidumbre y el gobierno de Bachelet no alcanzará a ratificarlos. Además, el programa del nuevo gobierno de Sebastián Piñera que asume en marzo de 2018, pone su prioridad en facilitar y dinamizar la inversión, pero eso “se ve en los territorios, por lo que presupuestamos una mayor conflictividad en las cuencas hídricas, porque se van a tratar de aprobar el máximo de centrales hidroeléctricas, vemos mayores conflictos por el agua”, sostiene la ambientalista, quien teme que, por ejemplo, el mismo proyecto minero Dominga pudiera presentarse otra vez a la institucionalidad para ser aprobado.

    “Estamos preocupados porque el sello del programa de Piñera, y tomando en cuenta lo que ocurrió en su anterior gobierno, es que trató de priorizar la inversión por sobre la voluntad de las comunidades y la protección ambiental, y eso siempre aumenta los niveles de conflictos. La gente no va a aceptar que se aprueben los proyectos a cualquier costo”, concluyó la ambientalista.

    Descargue el informe de Fundación Terram

    Fuente: EL Ciudadano