Reforma al Código de Aguas

Por Sara Larraín

Recientemente hemos leído varias declaraciones sin sustento alguno, sobre la reforma al Código de Aguas. Entre ellas que elimina la propiedad, el dominio y es expropiatoria. Se ha dado incluso cifras que el Estado debiera pagar por supuestas expropiaciones. Quiero expresar mi indignación ante tanta falsedad.

La reforma lamentablemente, no cambia en nada el estatus de uso, goce y disposición de los derechos existentes sobre más del 80 % de las aguas superficiales y más de 50% de las subterráneas. Lo que sí hace la reforma es establecer un plazo de extinción de aquellos derechos que algunos han acaparado y no los utilizan (4 años para los consuntivos y 8 años para los no consuntivos); ello porque las aguas son bienes nacionales de uso público y el Estado debe asignarlos a usos prioritarios como agua potable y saneamiento (terminar con los camiones aljibe) actividades de subsistencia, restauración ambiental de cuencas que hoy están secas o contaminadas y ofrecer oportunidades a otras actividades productivas que requieren agua y no la tienen.

La Ocde ha insistido en que Chile debe completar la reforma del sistema de asignación de aguas para limitar las extracciones, dar prioridad a los usos esenciales del agua y reflejar los requisitos ecológicos. También han criticado la caducidad de los derechos de agua si estos no se inscriben. Esto es clave, pues quienes acaparan derechos y no los usan, no los inscriben para no pagar las patentes por no uso (que se establecieron en la reforma de 2005) y eso es francamente inaceptable.

 

Publicada en La Tercera