Reforma al Código de Aguas pasa a Comisión de Agricultura sorteando presiones del lobby de Hacienda y el empresariado

    De los “siete goles” que intentó pasar el Ejecutivo en la Cámara Alta -y que denunciaran organizaciones de la sociedad civil- solo lograron revertir en parte lo relativo a caudal ecológico en áreas degradadas o amenazadas.

    Tras cuatro meses de debate, la Comisión de Recursos Hídricos del Senado despachó las modificaciones a la reforma al Código de Aguas, que fuera aprobado en noviembre por la Cámara de Diputados. A pesar de los intentos del Ministerio de Hacienda por desmantelar lo avanzado en primer trámite constitucional, el proyecto mantuvo en el fondo los principios y contenidos impulsados por el proyecto original.

    En abril Chile Sustentable viralizó un video con los “siete goles” que el gobierno de Michelle Bachelet quería “pasar” al proyecto de ley, en una ofensiva digitada desde la cartera de las finanzas.

    En el caso de la eliminación de la figura de concesiones temporales para los nuevos otorgamientos, los senadores volvieron al actual nombre de “derechos de aprovechamiento”, pero se dejó en claro que estos serían temporales y tendrían un plazo máximo de 30 años.  La Comisión de Recursos Hídricos también aprobó la extinción de los derechos de agua si estos no son utilizados efectivamente, pero aumentó el plazo aprobado por los diputados para aplicación de la figura (de cuatro a cinco años para los consuntivos y de ocho a diez para los no consuntivos)

    Con relación a las aguas halladas, que privilegian a la minería, la comisión acordó la obligación de informar en 90 días sobre los afloramientos, pudiendo las empresas usar solo las que justificadamente requieran, pero sin afectar la sustentabilidad de los acuíferos o los derechos de terceros, entre otras medidas que serán fiscalizadas por la autoridad.

    También se limitó el intento que permitía la modificación de los puntos de captación de aguas de una cuenca a otra sin evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y sobre las comunidades locales.  Ante esto, se concordó “que el cambio de fuente de abastecimiento solo podrá efectuarse si las aguas de reemplazo son de igual cantidad, de variación semejante de caudal estacional, de calidad similar y siempre que la sustitución no cause perjuicio a los usuarios ni comprometan la función de subsistencia ni el interés público”.”

    Una indicación del senador DC (hoy con su militancia suspendida) Jorge Pizarro pretendía eliminar la priorización para el “uso doméstico de subsistencia”(por el supuesto riesgo que una amplia interpretación llevara, se dijo, incluso a dar preeminencia al lavado del auto sobre otras actividades). Sin embargo se mantuvo el sentido con la frase “actividades de subsistencia” dentro de los usos prioritarios del agua, además del agua potable, el saneamiento  y la preservación de los ecosistemas.

     

    Recorte  en protección de caudal ecológico

    El miércoles 9 de agosto, día en que concluyó la tramitación en la comisión, se dio también la última batalla en torno a artículos relevantes en materia ambiental de la reforma al Código de Aguas, tal como la facultad de imponer  caudal ecológico a derechos ya constituidos.

    El Ejecutivo, en una indicación emanada desde el Ministerio de Energía, pretendía privilegiar a empresas hidroeléctricas que construyeran centrales de hasta 20 megawatts, es decir con capacidad de inversión de unos 60 millones de dólares (equivalentes a 40 mil millones de pesos), excluyéndolas de esta obligación en áreas protegidas.  En la  misma línea, otra indicacion buscaba además eliminar la condición de caudal ecológico en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en las áreas amenazadas y degradadas, manteniendo la obligación de establecer dicho resguardo solo al interior de parques nacionales, santuarios, reservas y monumentos naturales, además de humedales protegidos por la Convención de Ramsar.

    En el caso de las centrales hidroeléctricas, la indicación fue rechazada  gracias a la votación de las senadoras Adriana Muñoz (PPD, quien preside la comisión) e Isabel Allende (PS), quedando sujetas las hidroeléctricas a la aplicación de caudal ecológico  a todo evento, a pesar de la oposición de los senadores Víctor Perez (UDI) y Pizarro.

    En lo único que el Ejecutivo logró su objetivo fue en excluir de la aplicación del caudal ecológico a derechos ya constituidos en áreas amenazadas y degradadas, bajo el argumento de que no existe un catastro de ellos, situación que podría  generar incertidumbre en la inversión. Sin embargo en sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, las senadoras Muñoz y  Allende lograron que se mantuviera la imposición de caudal ecológico.

    Finalmente en materia de derechos  sociales, la comisión estableció la excepción de plazos para la regularizacion de derechos por parte de indígenas y sus comunidades, lo que en los hechos significa el reconocimiento de los derechos ancestrales de estos pueblos, en coherencia con las normas internacionales.

    También participó en la discusión el senador RN Francisco Chahuan.

    Durante las próximas semanas comenzará la revisión, debate y votación en la Comisión de Agricultura, que encabeza Manuel Antonio Matta (DC) y que además integran José García (RN), Felipe Harboe (PPD), Víctor Pérez (UDI) y Rabindranath Quinteros (PS).