Seguridad Hídrica y Regulación de inversiones

    La semana pasada se inició la votación de la reforma al Código de Aguas en el Senado. Dicho trámite tiene por objeto  la revisión  de  las modificaciones aprobadas por la  Cámara de Diputados, para aprobarlas o rechazarlas. En este proceso, a pesar de indicaciones adversas presentadas por el gobierno, que arriesgaban  que las actividades de subsistencia fueran excluidas  de los usos prioritarios del agua establecidos por la Cámara, la Comisión de Recursos Hídricos logro salvar dicha priorización, quedando establecida la atribución estatal de priorizar el uso del agua para agua potable  y saneamiento, actividades de subsistencia y protección de las fuentes de recursos hídricos.  La semana pasada, también se aprobaron facilidades para el acceso al agua  de los comités y cooperativas de agua potable rural y el establecimiento de “reservas  de agua” superficiales y subterráneas por parte del Estado para asegurar las funciones de subsistencia  y de preservación ecosistémicas, confirmando así lo establecido en el pleno de la Cámara de Diputados.

    No obstante  la Comisión de Recursos Hídricos  del Senado rechazó la propuesta de la Cámara, en orden a denominar “concesiones”  a los  derechos de agua que el Estado otorgara como concesiones temporales (a 30 años) a partir de la vigencia de esta reforma. Hecho insólito, pues todos los demás bienes públicos,  cuando son concedidos a privados se hacen por concesión, como lo son las concesiones mineras, pesqueras, acuícolas, sobre el borde costero, etc. Curiosa concesión ideológica de la Nueva Mayoría la de  exceptuar al agua de la denominación del estatus legal que se aplica a todas las demás concesiones  sobre bienes públicos.

    Este tipo de concesiones abunda en las indicaciones del gobierno y que pretenden debilitar las reformas aprobadas en la Cámara. Por ejemplo, aunque los diputados aprobaron por unanimidad obligar a las empresas mineras a informar sobre las aguas halladas en el área de sus concesiones, y pedir autorización  en caso de utilizarlas en sus faenas  mineras, la indicación del gobierno, solo les solicita informar liberándolos de pedir autorización para su uso, lo cual constituye una aberrante desigualdad frente a la ley, respecto de todas las demás actividades productivas que si deben solicitar autorización  para utilizar las aguas, como también lo deben hacer pequeños campesinos que desarrollan  actividades de subsistencia y comités rurales para proveer servicios básicos de agua potable. A todas luces es una discriminación insólita de desregulación en favor de grandes inversionistas que seguro no será bien vista en la evaluaciones de la OECD a sus miembros. Igual distorsión ocurre respecto de los caudales ecológicos, donde la Cámara aprobó establecimiento de caudales ecológicos para todos los nuevos derechos, para las áreas protegidas, los sitios prioritarios de biodiversidad, las áreas degradadas y amenazadas, los cambios de puntos de captación y en caso de obras mayores como represas, dejando como única excepción a los campesinos beneficiarios de Indap que desarrollan actividades de subsistencia. Insólitamente, la indicación del gobierno elimina la obligación de caudales ecológicos en áreas amenazadas, degradadas y sitios prioritarios, lo cual implica avalar la degradación y mirar para el lado en caso de zonas amenazadas lo cual constituye un abandono de las funciones de interés público y del mandato constitucional de preservación de la naturaleza. Pero peor aún , el gobierno propone eximir a los generadores hidroeléctricos de hasta 20 mega watts de la obligación de respetar los caudales ecológicos, lo cual además de violar el mandato constitucional y legal de las leyes vigentes, implica una desregulación espuria de la generación eléctrica con fines de lucro, ya que centrales entre 1 y 20 mega watts implican inversiones de entre cuatro y 80 millones de dólares, lo cual no amerita como actividad de subsistencia, como si lo es la producción campesina; y adicionalmente constituye una desregulación inequitativa frente a otros sectores productivos.

    En los últimos tiempos los chilenos hemos estado atónitos frente a insólitas relaciones entre las empresas y la política. Lo que está ocurriendo hoy en la tramitación de la reforma al Código de Aguas  conlleva los mismos vicios y distorsiones, y tememos que los senadores, de mutuo propio  o a solicitud del gobierno  apliquen la misma lógica.

    Publicada en Estrategia