Sequía: Abuso sobre las aguas de Chile

Columna de Sara Larraín

Desde 2010 el país enfrenta un grave periodo de sequía y este año según la Dirección Meteorológica de Chile ya existe un déficit pluviométrico importante.

El lema del Día Mundial del Agua este año ha sido “Agua y Desarrollo Sostenible” dejando en evidencia la importancia de este bien natural para la sobrevivencia y bienestar de la población y el desarrollo. Al respecto, Chile está lejos de incorporar este importante desafío en su política pública pues ha sobreotorgado “derechos de agua” y ha permitido el agotamiento de casi todas las cuencas de Chile.

A lo largo de todo el país se suceden los conflictos por el agua donde se repite la confrontación entre grandes inversiones -principalmente mineras e hidroeléctricas- y las necesidades humanas básicas de las personas y sus actividades económicas locales. Tal es el caso de conflictos en los ríos Lluta, Loa, Copiapó, Huasco, Limarí, Choapa, Petorca, Aconcagua, Maipo y Tinguiririca, entre otros.

Pero no sólo el acceso al limitado recurso es el problema. Desde 2010 el país enfrenta un grave periodo de sequía y este año según la Dirección Meteorológica de Chile ya existe un déficit pluviométrico importante en los registros tomados en Arica, Calama, Valparaíso, Santiago, Juan Fernández, Curicó, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas.

En  consecuencia con ello, los decretos de Zona de Escasez Hídrica vigentes en el país comprenden las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, en Atacama; La Serena, La Higuera, Vicuña, Coquimbo, Paihuano, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y  la provincia del Choapa, en Coquimbo; y San Felipe, Panquehue, Llay Llay, Limache, Concón, Putaendo, Santa María, Catemu, Olmué y las provincias de Los Andes, Quillota y Petorca, en Valparaíso; y podrían extenderse a otras regiones.

En este contexto es que el Ministerio de Hacienda propone “agilizar la economía”  facilitando permisos a 18 proyectos de inversión minera (ocho en Antofagasta, seis en Atacama, uno en Arica y tres en Magallanes) mientras la Comisión Chilena del Cobre proyecta aumentos de consumo de agua de la minería  del cobre en 66% entre 2014 y 2025. Insólitamente, sin considerar la sequía estructural, los decretos de zona de escasez, los malos pronósticos meteorológicos y la indigna situación de casi un millón de chilenos que subsisten dependiendo de camiones aljibe entre Arica y Chiloé.

La presidenta Bachelet consciente de la crisis, se comprometió en su campaña y nombró un delegado presidencial para los Recursos Hídricos, pero su informe a ocho meses de ser entregado no es asequible a la opinión pública. Comprometió una reforma al Código de Aguas e ingresó un texto al Congreso, pero el proyecto no está a la altura de los cambios legales e institucionales que se requieren en esta crisis, pues mantiene el status quo.

Junto con esto el 21 de mayo pasado Michelle Bachelet comprometió una ley para proteger los glaciares, no obstante envió al Congreso un texto que aunque los define como bienes públicos, no asegura su protección y los deja a merced del SEIA al igual como ocurre hoy, con los resultados que hemos visto con Pascua Lama y División Andina, sólo a modo de ejemplo.

Así, avanzamos a un año más de sequía, con injusticia socioambiental en comunidades desprotegidas, conflictos  por el agua en todo el país y naturalizando el acceso a este derecho humano a través de camiones aljibe, protegiendo la inversión privada y con ausencia de voluntad política para abordar los problemas estructurales que aseguren el derecho al agua, la protección de los glaciares que son nuestros embalses naturales y la seguridad hídrica para la población.

Fuente: El Dinamo