Valparaíso es la región del país con el mayor número de proyectos judicializados

Director ejecutivo del Sistema de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso, señaló que uno de los factores para reducir este riesgo apunta al diálogo previo del titular de la iniciativa con la comunidad.

En la región de Valparaíso existen 49 proyectos de inversión -al mes de septiembre- en distintos sectores productivos, que transitan actualmente por el proceso de calificación ambiental y que representan una inversión de más de US$ 2.700 millones. A eso se suman una serie de obras, algunas ya aprobadas, que no han podido concretarse porque están “judicializadas”.

En tal condición se encuentran nueve iniciativas en la zona, ya sea vía recursos de protección, reclamaciones ante el Tribunal Ambiental o por ambas. El mayor número a nivel país, seguida por las interregionales (6), la del Biobío y Los Lagos (5); Región Metropolitana (4), O’Higgins, Los Ríos y Aysén (3); Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Araucanía y Magallanes (2); y Antofagasta y Coquimbo (1).

En cuanto al detalle por sector, a nivel regional, tres de los proyectos judicializados corresponden al sector inmobiliario que es el que acumula una mayor cantidad. Le siguen, con uno cada una, iniciativas en los sectores de infraestructura hidráulica, infraestructura portuaria, saneamiento ambiental, planificación territorial, energía y otros.

“En la actualidad hay cerca de 50 proyectos judicializados en el país desde 2014 que fue la fecha en que nosotros nos hicimos cargo”, comentó el director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), Jorge Troncoso.

Rol de las comunidades

Respecto a esta condición que se evidencia en la región, el personero destaca que “hay regiones que son mucho más dinámicas en términos de la inversión. Obviamente la Región Metropolitana, la de Valparaíso o Biobío y algunas en el norte hasta hace algunos años atrás con el desarrollo minero están dentro de ellas”.

A eso, el personero añade otro factor que alude al papel que juegan las comunidades. “En ese sentido, Valparaíso es una región bien activa en términos de involucramiento en los procesos de evaluación ambiental con una dinámica de amplia participación y lo hemos visto en los procesos que nos toca llevar adelante allá”, recalcó Troncoso.

Por otro lado y analizando lo que sucede en la zona, el ejecutivo destacó que existen varias solicitudes de invalidación respecto a determinados actos administrativos.

Pese a todo, recalca que no se debe apreciar como un inconveniente fuera de lo normal, recordando que cualquier acto administrativo del Estado puede ser recurrido en tribunales. “De esta situación no escapan los actos que desarrollan las comisiones de evaluación ambiental, la propia dirección ejecutiva así como también el comité de ministros. Cualquiera de estos actos administrativos puede ser recurrido por el interesado ante la justicia” precisó.

Tendencia contraria

Pero lo que sucede en la región contrasta con la situación general del país, donde se registra una caída en la cantidad de obras sujetas a calificación ambiental, que han sido objeto de recursos judiciales cayendo de 80 a 50, desde 2014.

“Si uno hace un contraste, una suerte de mirar la evolución respecto a cómo han ido desarrollándose los distintos procesos, efectivamente a lo que hemos asistido en el último tiempo, es a una tendencia a la baja en la cantidad de proyectos que termina en tribunales ordinarios o en los especializados como son los tribunales ambientales”, puntualiza el ejecutivo.

Para entender esta situación hay algunos argumentos que pasan por la consolidación de la institucionalidad, desde el lado público, y por una mayor rigurosidad desde el punto de vista de las iniciativas.

Troncoso hace hincapié en que esto es responsabilidad de todos los actores, por una parte los titulares de los proyectos, los servicios públicos competentes en la materia, las propias comunidades y también el servicio de evaluación ambiental. “Es posible aventurar algunas hipótesis, obviamente tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental cada día más maduro y de eso no cabe ninguna duda. La tendencia apunta a desarrollar procesos de evaluación ambiental cada día más optimizados”, dijo.

En esa línea, puntualiza que la experiencia acumulada es un elemento clave.

“Eso hace que los procesos de evaluación sean más rigurosos desde todos los ángulos. Desde el punto de vista de las observaciones que las instituciones públicas hacen, del desarrollo de los proyectos, de los levantamientos de información que efectúa el titular y también desde la óptica de las propias opiniones que la comunidad que participa en estos procesos realiza, en el marco de las etapas de participación ciudadana”, mencionó.

Reducir riesgos

Sobre los caminos que deben seguir los inversionistas para bajar los riesgos de judicializar sus proyectos, destacó que es relevante, en este punto, establecer relaciones previas con las comunidades o los vecinos del área de emplazamiento de los proyectos. “En la medida que el titular del proyecto se haga cargo de sostener una relación en las etapas tempranas de sus diseños, ciertamente que va a ganar tiempo y si tiene un buen diseño del mismo va a poder involucrar a las comunidades”, dijo.

Precisa que esa relación se deber ir construyendo y profundizando. “Ese es un factor que puede reducir de una u otra manera lo asociado a las presentaciones que puede hacer la comunidad ante las instancias de reclamación administrativa o judiciales”.

Asimismo, añadió que las soluciones que se propongan a los impactos que se generan también son preponderantes.

“El cómo el proyecto se hace cargo de las externalidades negativas o los impactos ambientales adversos, relevantes, significativos, es una cuestión bien determinante que tiene que ver con las medidas que el proyecto tanto en su diseño como en lo que tiene que ver con impactos más residuales establecen”, concluyó el responsable del SEA.

PUNTOS QUE DISMINUYEN LA OPCIÓN

El director del SEA, Jorge Troncoso, enfatiza que si bien la judicialización siempre es una posibilidad, hay factores que se deben considerar. “Claramente un proyecto bien diseñado y emplazado, con las medidas apropiadas, con relaciones previas con las comunidades tiene sin lugar a dudas menos oposición o rechazo durante el proceso de evaluación ambiental y, eventualmente, también se reducen las posibilidades de que surjan recursos de reclamación presentados a la administración o a instancias judiciales”, recalcó la autoridad.

“Valparaíso es una región bien activa en términos de involucramiento en los procesos de evaluación ambiental con una dinámica de amplia participación” Jorge Troncoso, Director Ejecutivo SEA”

9 proyectos estan judicializados en la región de Valparaíso, según las estadísticas del servicio.

3 de las iniciativas pertenecen al sector inmobiliario, el más afectado por este factor.

49 proyectos se encuentran actualmente en proceso de calificación ambiental en la zona.

2 vías son las más utilizadas para tal efecto: recursos de protección y reclamaciones al Tribunal Ambiental.

Fuente: El Mercurio de Valparaíso