Víctimas de Impactos No Evaluados

Por Sara Larraín

El fallo concluye que si la Superintendencia deduce una relación entre la contaminación de las aguas y las obras que ejecuta el proyecto Alto Maipo, deberá decretar la suspensión de los trabajos.

 

El 12 de mayo pasado, la Corte de San Miguel, acogió el Recurso de Protección contra Alto Maipo SpA y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, interpuesto por miembros de la Coordinadora  Ciudadana No Alto Maipo y unos 500 vecinos del Cajón del Maipo. La demanda originada por la evidencia de contaminación de las aguas por metales pesados en áreas próximas a los túneles y depósitos de estériles del proyecto, tuvo como fundamento un estudio realizado por la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Medico

Esta grave contaminación afecta la salud de la población local y de los 6 millones de habitantes de Santiago que son abastecidos de agua potable procedente del Rio Maipo.

También vulnera la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°256/2009) pues no consideró las observaciones de los Seremi de Salud y de Agricultura, que advirtieron que los  materiales de descarte de los túneles,  en contacto con la atmósfera y el agua percolarían metales pesados. Este impacto ampliamente conocido y evaluado en el caso de túneles  mineros,  no se evaluó en el caso de los 70 kilómetros de túneles de  Alto Maipo. La contaminación del agua que hoy enfrentamos, a consecuencia de este impacto no evaluado y la irresponsable conducta de la empresa, vulnera  el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Por esta razón, la Corte de San Miguel, mandató perentoriamente a la Superintendencia para que en el plazo de 30 días investigue y determine la causa- de dicha contaminación. El fallo concluye que si la Superintendencia deduce una relación entre la contaminación de las aguas y las obras que ejecuta el proyecto Alto Maipo, deberá decretar la suspensión de los trabajos.

Resulta insólito que el sistema de evaluación ambiental no haya aplicado a los depósitos de descarte de  Alto Maipo las mismas obligaciones  que se impone a  iguales actividades desarrolladas por la minería.

Ante esta evidencia, ¿por qué las autoridades de gobierno no actúan y debe actuar la  justicia para obligarlos a realizar el trabajo que les corresponde? No entendemos qué interés puede ser más poderoso que resguardar la calidad de las aguas y  la salud del 40% de los chilenos que vive en la capital.

 

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