Votación de reforma al Código de Aguas

Mañana el Congreso Nacional inicia la votación de la Reforma al Código de Aguas, la cual establece el abastecimiento prioritario para el agua potable y saneamiento y protección de los ecosistemas. La reforma también integra causales de limitación a los derechos de aprovechamiento  en base a criterios de interés público y permite establecer reservas para servir necesidades de subsistencia.

 

A pesar del atraso en su tramitación este cambio legal viene a responder a la actual crisis hídrica que sufre el país producto de  la aplicación por 30 años de un Código que entrego al mercado la gestión del agua, lo que genero concentración de la propiedad y asignación a las actividades más competitivas, provocando problemas de acceso en las necesidades de subsistencia. La prolongada sequía de los últimos años ha intensificado este problema, al extremo que además de las graves limitaciones para las economías campesinas del norte y centro del país, hoy más de medio millón de chilenos carecen de  agua potable.  El problema se cae de maduro. Desde la primera reforma al Código  en 1992, que se tramito por 13 años, han ingresado al Congreso más de una docena  de proyectos de reforma al Código de Aguas incluidos dos por el gobierno de Piñera. Existe  igual número de reformas constitucionales sobre la materia pero nada ha pasado a pesar de la crisis de la sequía, el acaparamiento, el robo, el desabastecimiento y los conflictos crecientes. El mismo delegado presidencial para los recursos hídricos,  reconoce un record en abastecimiento de agua potable mediante camiones aljibes desde Atacama a Chiloé.

 

Adicionalmente,  desde 2008 se han dictado más de 50 Decretos de Declaración de Zona de Escasez y la autoridad ha debido declarar “Agotamiento de Aguas Superficiales” en once ríos y sus afluentes entre la II y VIII región del país. Lo absurdo es que se declara que la solución es hacer más embalses. Pero hace años que estos no se llenan y ello empeorara con el cambio climático. Clama a gritos entonces  realizar cambios estructurales para el  acceso justo, la gestión  sustentable y el uso responsable del agua. El ejecutivo y legislativo tienen que ponerse las pilas al respecto. El acceso al agua y saneamiento es un derecho humano fundamental y organismos internacionales como la OCDE desde 2005, e incluso el Banco Mundial en 2013 han recomendado hacer cambios profundos a las normas e institucionalidad que rige las aguas en nuestro país. Hoy está en manos del Parlamento consagrar de verdad el agua como un bien público y  aprobar una ley que responda a las necesidades de la población, el desarrollo local nacional  y  los desafíos que trae la sequía y los cambios climáticos.