La ilusión de una carretera eléctrica pública

La carretera eléctrica surge como compromiso del Presidente Piñera para resolver los distintos problemas que existen hoy en día en el Sistema de Transmisión Troncal, que presenta congestiones y debilidades que afectan el normal suministro de la demanda por energía, impiden el despacho óptimo de las centrales de generación eléctrica, atrasan y dificultan el ingreso de nuevas centrales generadoras de ERNC (Energías Renovables No Convencionales).

Pero desde su presentación en septiembre pasado, muestra varios elementos que hacen dudar de la idea “pública” de esta carretera.

Por un lado, genera distorsiones en el mercado eléctrico, creando un nuevo tipo de concesión “de interés nacional” que es entregada a perpetuidad a la empresa que se la adjudica y obtiene ganancias indefinidamente. Esta situación va en contra de la jurisprudencia actual sobre concesiones de interés público, las cuales se entregan a un privado por un plazo definido y luego vuelven al dominio público. Acá la noción “pública” de la carretera es meramente nominal, ya que corresponde a un sistema de planificación realizado por el Estado para beneficiar a los privados.

Por otra parte, el proyecto permite fragmentar los proyectos de transmisión para su estudio ambiental, ubicando dicha evaluación como un procedimiento posterior a la determinación de trazado, situación que va en contra de lo establecido en la Ley General de Bases de Medio Ambiente (Ley 19.300). De la misma manera, pasa por alto los procedimientos de participación indígenas legalmente vigentes, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT.

¿Cómo se puede hablar de una carretera “pública”, si no existe una mínima participación de la ciudadanía durante su proceso de definición y construcción?

A lo anterior se suma el traspaso de los costos de las generadoras hacia la gente: exige a las empresas eléctricas acreditar solo el uso de un 25% de las líneas de transmisión y el otro 75%, denominado holgura, se carga a los consumidores.

El proyecto de carretera eléctrica se encuentra hoy en el Senado, esperando ser aprobado para iniciar su discusión en particular en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. Es en esta instancia donde es necesario que se introduzcan los cambios pertinentes para establecer una carretera eléctrica realmente pública y en directo beneficio de la ciudadanía.

Si esto no es posible, es mejor que el proyecto sea rechazado. No vale la pena tener una nueva herramienta que vuelva a poner el interés de las empresas por sobre la sociedad.

Columna de Catalina Szigeti publicada en EL Dinamo