El agua: bien esencial para la vida y la protección sanitaria

Hoy enfrentamos una crisis sanitaria mundial inédita. Ya son más de 200 mil los contagiados en el mundo, más de 8 mil muertos y la cifra aumenta minuto a minuto. Aún se desconoce el origen del brote del Coronavirus 19 detectado en diciembre de 2019 en la ciudad China de Wuhan, pero ya está en Chile y una de las medidas esenciales y más difundidas por los gobiernos para evitar el contagio es el lavado de manos constante con agua y jabón y por supuesto el aislamiento social.

En este Día Mundial del Agua  2020  en medio de la crisis sanitaria mundial y a 5 meses de la crisis social en Chile, el punto clave a destacar y el llamado de atención es el mismo : la importancia esencial del agua dulce; los desafíos pendientes para el acceso universal al agua por la población; la escasez y vulnerabilidad hídrica que trae el cambio climático  y por tanto, la urgencia de proteger las fuentes de agua, de avanzar hacia políticas de gestión integrada  y ambientalmente sustentable de las aguas a nivel local, nacional y global.

El agua es esencial para la vida, y hoy más que nunca para la protección sanitaria de la población. Desde 2010, el acceso al agua fue consagrado internacionalmente como “un derecho humano fundamental por Naciones Unidas  y este derecho, junto a la protección de las fuentes de agua dulce, ha sido priorizado  como uno de los  Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS-6). “Sin agua y sin protección de las fuentes de agua no hay vida, ni desarrollo”. Por ello en la Agenda Climática también se llamó a los países a incluir  urgentemente la inseguridad hídrica como un  desafío clave en las políticas de adaptación al cambio climático; y todas las agencias multilaterales, desde aquellas dedicadas a la agricultura, la alimentación y la salud, hasta aquellas dedicadas a las finanzas y a la seguridad,  advierten sobre la crisis global de los recursos hídricos y los desafíos que conlleva para la gobernanza y la paz mundial.

Lamentablemente en Chile aún no se entiende la importancia de proteger el agua. Estamos  sufriendo los efectos de 10 años de sequía y enfrentamos una grave crisis hídrica,  con  136 comunas declaradas como zonas de escasez hídrica entre las regiones de Coquimbo y el Maule, lo que implica que casi 40% de las comunas a nivel nacional tiene hoy esa categoría. A esta misma fecha, en 2019 había solo 61 comunas decretadas como zonas de escasez hídrica.

Ya hace más de una década que Chile ha ido de emergencia en emergencia, de decreto en decreto postergando con parches  una decisión de política pública critica para la estabilidad económica, social  y ambiental. Seguimos haciendo más de lo mismo, imaginando que todo se resuelve con más cemento e  infraestructura y empantanados en una vulnerabilidad hídrica que debe enfrentarse con   reformas políticas de fondo para la protección, el acceso equitativo y el uso eficiente y sustentable de las aguas.

Miles de compatriotas reciben, 200 litros de agua potable al mes para sus familias. ¿Podrán hacer con ello el lavado de manos constante para protegerse? Más de medio millón los chilenos y chilenas  son abastecidos de agua potable a través de camiones aljibe de Arica a Chiloé. Este tipo de abastecimiento ha sido usual para niñas, niños, mujeres y, hombres en las comunas rurales del país, durante los últimos años. Esta pequeña ración de agua potable semanal para  subsistencia es algo inimaginable para quienes habitamos en grandes ciudades y tenemos acceso total  con solo abrir la llave.

No obstante, hoy sabemos que los agricultores no están pudiendo regar, las industrias están debiendo reciclar, lo municipios deberán ahorrar  y si ni llueve este invierno habrá racionamiento de agua potable en Santiago, y Valparaíso entre otras ciudades. Como país somos muy vulnerables ante la escasez hídrica y el cambio climático , pero el estallido social  de octubre  pasado  nos mostró también que  la crisis  ambiental y social  son dos caras de una misma moneda, están interconectadas  y  son consecuencia de deficientes políticas públicas y desigualdades estructurales, que afectan  la dignidad, el bienestar, el desarrollo económico y la convivencia  nacional.

Actualmente enfrentamos situaciones sin precedentes: una crisis sanitaria, una crisis social y una crisis hídrica. Las autoridades de gobierno y muchos representantes políticos no han entendido que es fundamental consagrar el agua como un bien público y establecer el acceso al agua como un derecho humano, garantizado por el Estado, además de regular con urgencia la protección de los glaciares, los ríos y sus cuencas.  No lo han hecho. Catorce años  lleva el Congreso tratando de tramitar un Proyecto de Ley de Protección de los Glaciares, (nuestras reservas congeladas de agua dulce); las 6 iniciativas han sido sistemáticamente bloqueadas por el empresariado minero, con mayor o menor complicidad con los gobiernos de turno. Nueve  años lleva la tramitación de la Reforma al Código de Aguas que se iniciara en 2011.  Tampoco  se aprobó la reforma constitucional que consagraba el agua como un bien público y  el acceso al agua como un derecho humano, garantizado por el Estado,  sino por el contrario,  fue  rechazada  en enero de 2020 por el Senado.

Existe una insensibilidad demencial ante la extrema desigualdad en el acceso al agua en el país, lo que afecta a millones de personas, a la mayor parte de la población rural y a toda la agricultura de subsistencia, a quienes estamos condenando a la miseria y la migración. Existe una indolencia  brutal ante la destrucción de glaciares  y salares por la minería, la destrucción y secamiento de los ríos por proyectos energéticos y agroindustriales, y la eliminación de los humedales por emprendimientos  inmobiliarios  Es la misma insensibilidad que enfrentan la miseria en las pensiones, la salud o la niñez y en todos los casos con pésimo pronostico.

En Chile, la conmemoración del Día del Agua, nos encuentra mal parados una vez más y cada vez peor. La  catástrofe provocada por la pandemia del coronavirus, ha postergado prioridades políticas como el plebiscito constituyente y la nueva regulación e institucionalidad sobre las aguas, pero ambos constituyen las bases de la estabilidad política, económica  y ambiental del país,  y más temprano que tarde la sociedad chilena retomara y deberá resolver ambos desafíos.  Estoy segura de que los chilenos, después de experimentar coyunturas criticas como la actual y en base al clamor de las demandas sociales, seremos capaces de  diseñar e implementar mejores políticas públicas en base a los derechos humanos, la igualdad  y el bien común.

Por Sara Larraín publicada en CodexVerde