El interminable proceso de Chile para proteger su biodiversidad

El proyecto de ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) lleva más de 10 años de tramitación en el Congreso chileno, tres gobiernos y más de 1.600 indicaciones y numerosas revisiones. Estos días dio un nuevo paso, al ser aprobado por la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara, sin embargo, ahora debe pasar por las de Agricultura y Hacienda. Siendo optimistas, los especialistas apuntan a que se apruebe antes de terminar el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en marzo de 2022.

Más de diez años lleva tramitándose en el Congreso chileno el proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En marzo de 2011 comenzó la carrera por esta nueva institucionalidad, con el ingreso del primer proyecto y, luego en junio de 2014, se tramitó uno nuevo, el que fue aprobado por la Sala del Senado en julio de 2019, para luego pasar a la Cámara de Diputados.

Durante 2016, se realizó un proceso de consulta indígena en Chile, que duró 11 meses y permitió importantes acuerdos que fueron acogidos en el actual proyecto de ley, según se puede leer en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Junto con ello, el proyecto recoge las opiniones de diversos actores de ONGs, academia, órganos públicos y privados.

Al momento de redactar este artículo, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados había aprobado y despachado el proyecto de Ley SBAP. Los próximos pasos son la Comisión de Agricultura primero, y luego la de Hacienda, antes de ser aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados.

“Una vez completados esos pasos, pasará a tercer trámite constitucional, para la aprobación o rechazo en el Senado, de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados. En caso de rechazo, se conformaría una Comisión Mixta entre Senadores y Diputados, para solucionar las diferencias del proyecto de ley entre ambas cámaras del Congreso. Una vez concluidos aquellos trámites legislativos, el proyecto se encontrará listo para ser promulgado, previa revisión del Tribunal Constitucional”, explica Juan José Donoso, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

En tanto que una vez que la ley esté promulgada, el SBAP contará con un plazo de cinco años para entrar en “régimen”, es decir, “ser dotado de la totalidad de sus oficinas, departamentos y cargos. Además, durante los dos primeros años de ese período, el Presidente deberá dictar los reglamentos necesarios para que el servicio pueda operar”, precisa el profesional del MMA.

Intereses sectoriales

En la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, se puede analizar todo el proyecto nuevamente o parte de este, advierte Pamela Poo, encargada de Políticas Públicas e Incidencias de la ONG Chile Sustentable, aunque dicha comisión “no tiene mucho que ver con el tema de las áreas protegidas”.

“Creo que Agricultura está con ganas de hacer cambios”, opina Alejandra Figueroa, directora de la Corporación Capital Biodiversidad y jefa de la División de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, para ella desde el punto de vista del equipo de agricultura, hubo un cierre de observaciones hace muchos años y “entiendo que en el periodo de este gobierno no ha habido mayores observaciones, por lo tanto, cuando se va a una comisión es porque esta tiene mucho interés sectorial en hacer algún ajuste, esa es mi impresión y mi intuición”, manifiesta.

En ese sentido, las esperanzas que tenía Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS) – Chile, de que el proyecto se aprobara en 2020, se volvieron a diluir, y ahora “espero que sea aprobado antes de que se acabe este gobierno (del Presidente Sebastián Piñera, actualmente en el cargo)”, plantea, “pero estoy esperando que se apruebe desde el año 2011”, insiste con cierta resignación.

Para Alejandra Figueroa, “no ha habido una decisión política por parte de ninguno de los gobiernos de cerrar una discusión sectorial, porque se ha dejado a un grupo generar una toxicidad excesiva de un buen proyecto, que vela por el bien común, en tanto lo que pretende es cuidar biodiversidad para todos y todas”.

Pese a ello, “de no haber grandes contratiempos, legislativos o externos, y que aunemos el apoyo transversal que ha tenido este proyecto de ley, creemos que existen buenas posibilidades de poder promulgar esta ley dentro del 2021”, proyecta Juan José Donoso.

Una ley muy necesaria

Pese al atraso, Pamela Poo muestra su convicción en torno a la necesidad del SBAP. “El mismo proyecto te da los argumentos, se justifica que esto salga y avance”, cuenta. Y agrega que para la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, es importante que este proyecto avance, porque hay muchos fondos internacionales para biodiversidad, a los que el país no puede postular, mientras no tenga un SBAP. Y tampoco se puede pensar que el financiamiento para áreas protegidas sea solo público, “porque es muy pesado para el Estado”, asegura.

“La ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es, sin duda alguna, un avance sumamente significativo en cuanto al ordenamiento institucional para resguardar la biodiversidad en Chile. Y, particularmente porque implica el reconocimiento de la importancia de las Áreas de Protección Privada, algo que en Chile hoy no existe”, sostiene Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral.

En ese sentido, la directora de WCS – Chile destaca algunos elementos muy significativos de este proyecto, como la gestión integrada de las áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, públicas y privadas. “El tema de abrir el financiamiento, la creación de un fondo, el tema de gestionar las especies invasoras, que hoy están en distintos lados y que se van a reforzar y a hacer sinergias en lo que es la gestión de la conservación, por ejemplo”, puntualiza Bárbara Saavedra.

A ello se suma que hoy hay una multiplicidad de áreas protegidas, que implican alrededor de 30 tipos de protección. En tanto, con el proyecto, estas se reducen a seis, debido a una homologación. “El MMA va a tener monitoreadas todas las áreas que existen, marinas y terrestres y, en ese sentido, es mucho más fácil monitorear lo que ocurre”, cree la vocera de la ONG Chile Sustentable, Pamela Poo.

Asimismo, como añade Donoso, “este proyecto de ley regula aspectos centrales para la actividad conservacionista nacional, como lo son las reglas al interior de las áreas protegidas, los instrumentos de conservación para combatir ciertas amenazas puntuales y la protección legal de los humedales como ecosistemas priorizados”.

Razones del atraso

Juan José Donoso analiza que “la creación de este Servicio Público y sus herramientas asociadas ha tardado principalmente por la magnitud del Proyecto de Ley y la diversidad de actores involucrados”. 

Sin embargo, desde que comenzó la tramitación del proyecto, Bárbara Saavedra cree que “ha habido mucho desconocimiento de este tema, hay mucha resistencia a la transformación de parte de ministerios sectoriales, que ven sus propias competencias amenazadas y no son capaces de entender que esto es hacia dónde tiene que transitar la administración, con un liderazgo en medio ambiente, porque estos temas no se pueden abordar desde la sectorialidad”.

Pese a esta resistencia permanente, Saavedra destaca que, independientemente de los gobiernos por los que ha pasado este proyecto de ley, que a la fecha son tres: Sebastián Piñera 2010-2014; Michelle Bachelet 2014-2018 (segundo gobierno), y Sebastián Piñera desde 2018 en adelante, “todos se han tomado con la mayor seriedad y compromiso, con el staff administrativo. Ha habido un compromiso transversal de gobiernos de empujar esto” e insiste en que “el problema no ha estado ahí ni en los mandos técnicos del Ministerio del Medio Ambiente”.

“Aquí la pugna es que hay intereses con Conaf, hay gente que no quiere que se acabe Conaf y ese es el problema de fondo”, opina Pamela Poo.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) es una entidad de derecho privado, que depende del Ministerio de Agricultura y está encargada de administrar la política forestal, fomentar el desarrollo del sector, combatir incendios forestales y administrar áreas silvestres protegidas, como parques y reservas nacionales. A nivel nacional, el país cuenta con 41 parques, 46 reservas y 17 monumentos naturales. De hecho, el 20% del territorio de Chile es parte de algún parque nacional.

A principios de abril de este año, dos sindicatos de la Conaf realizaron una anti campaña por redes sociales, en la que advierten que el proyecto significa la privatización de parques y reservas naturales de Chile, y que, de aprobarse, este permitiría la concesión de áreas protegidas durante 30 años, con lo que, según estos profesionales, podrían ser vendidas entre privados. Anteriormente, también cuatro sindicatos y una federación de la Conaf, reclamaron a través de varios comunicados las falencias que ven en el proyecto (ver comunicado 31 de agosto de 2020 y comunicado 16 de noviembre de 2020).

Sin embargo, Pamela Poo cree necesario transparentar los argumentos con respecto al SBAP, dado que en el video subido a redes sociales “prácticamente el 80% de lo que se decía era mentira”. También desmiente que el trabajo de los trabajadores de Conaf se acabe, porque todos los guardaparques son traspasados al Ministerio de Medio Ambiente. Por ello, ve esta resistencia como una pugna de poder en materia laboral, dado que “si te dividen en dos servicios, pasando a ser del Servicio Forestal, por una parte, y del Servicio de Biodiversidad, por el otro, obviamente los sindicatos pierden sus bases”, analiza.

Para Alejandra Figueroa, ninguna de estas críticas son atendibles, porque “si hay un elemento que quedó zanjado en la administración de la Presidenta Bachelet, fueron justamente las demandas de los trabajadores, las que están explícitamente escritas y fueron atendidas el día uno”.

El miedo a las concesiones

Otra crítica que se ha planteado al proyecto de ley SBAP es el punto de las concesiones, porque se acusa la intención de privatizar los parques y reservas nacionales. Sin embargo, “las áreas protegidas no se concesionan, sino que solo algunos sectores muy acotados de ellas. No es real que se vaya a concesionar un área protegida completa, nunca ha funcionado así, ni en el caso de ellos que sí han hecho concesiones todo el tiempo en las áreas que administran”, explica la directora de WCS – Chile.

Y es que como explica Pamela Poo, en el artículo 83 del proyecto se establece que las concesiones generales son las científicas, turísticas y educacionales. Y las turísticas tienen que adaptarse al uso sustentable del área, que exige un plan de manejo. Asimismo, el área tiene un objeto de protección, y “no puedes tener una concesión que vaya en contra del objeto de protección”, añade la especialista. Entonces, las concesiones se refieren a ciertos servicios necesarios para un parque o monumento nacional, como una entrada, casetas, baños, cafetería, infraestructura que no va a estar a cargo del nuevo servicio.

Poo advierte en las críticas una lógica muy neoliberal de mirar las concesiones, que apuntan a “que tener una concesión es casi vender, y esta concesión no está en esa lógica, porque el servicio nunca pierde el poder sobre el área protegida”, dice. Por el contrario, es para brindar ciertos servicios y siempre está la posibilidad de quitar la concesión, en caso de no respetar las condiciones. “También están reguladas las transferencias. Hoy hay concesiones y eso no está regulado”, da cuenta Poo.

¿Un proyecto perfectible?

Como señala Juan José Donoso, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, la protección óptima o ideal de la biodiversidad no es una meta que se pueda alcanzar completamente con una ley o, en este caso, con la creación de un servicio.

“De todas formas, este proyecto es un avance contundente en la materia y consolida una base legal robusta para el trabajo del país en la conservación de su naturaleza”, afirma. Sin embargo, aclara que “el proyecto no generará un cambio de conducta inmediato en quienes hoy estén infligiendo un daño a la biodiversidad ni podrá resolver por sí solo efectos de fenómenos tan difíciles de abordar, como el cambio climático o las especies invasoras, pero sí es un pilar fundamental de la institucionalidad ambiental, para que sigamos mejorando en nuestro rol de protección a la naturaleza”.

Para Alejandra Figueroa, los proyectos son perfectibles, entendiendo que este ha buscado aunar criterios y las miradas de distintos sectores. “Pero creo que es una primera aproximación que va a permitir a Chile, a las instituciones, mirar de una manera distinta el territorio, tomar mejores acuerdos, mejores decisiones, convencer, finalmente, que hay una necesidad importante de hacer una redistribución de financiamiento e implementar instrumentos que hasta el día de hoy no han podido ser implementados porque no existen”, opina la bióloga.

Pamela Poo coincide en que este es un proyecto que el país necesita, pero percibe los muchos intereses que se cruzan en él y la resistencia que genera con intereses particulares, pero, a su juicio, tiene que primar una lógica del bien común, “que las áreas estén en mejores condiciones; de hecho, las áreas protegidas actuales tienen muchos problemas, y si bien esto no es una varita mágica, aporta a la solución de ello”.

Pese a ello, Victoria Alonso, de Fundación Tierra Austral, extraña que el proyecto “lamentablemente, no define incentivos económicos que permitan fortalecer y fomentar la conversación en territorios fuera de las áreas protegidas por el Estado. Este es el gran debate que queda pendiente en temas de conservación”.

En ese sentido, les parece urgente insistir en “la falta de un enfoque institucional integral que permita fortalecer las iniciativas de conservación privada, sobre todo considerando el gran porcentaje de tierras privadas a nivel nacional”. Para ello, Alonso cita el ejemplo innovador que significó la creación de un instrumento legal que permite conservar en áreas privadas: “el Derecho Real de Conservación que, en términos simples, es un contrato voluntario y flexible entre privados en el que se establecen las condiciones que permitirán resguardar y conservar el valor ecológico y cultural de las tierras en cuestión”.

Fuente: El Agora Diario