El Ministerio de Medio Ambiente estaría evaluando la factibilidad real de que este gravamen incentive efectivamente la reducción de emisiones y se pueda avanzar de manera más eficiente hacia la transición a energías limpias. Con el objeto de analizar el escenario para avanzar en una política pública enfocada en aplicar un Impuesto Verde en Chile, la Ministra de Medio Ambiente (MMA), Maisa Rojas y el Jefe División Información y Economía Ambiental del MMA, Rodrigo Arriagada, se reunieron con el equipo de la Fundación Chile Sustentable conformado por el encargado de Descarbonización, Ignacio Sánchez, la subdirectora de la fundación, Ximena Salinas, y Sara Larraín, directora Ejecutiva. En la oportunidad, se explicó ante la personera de gobierno, el mecanismo sobre el cual funciona el Impuesto Verde, el cual se basa en el principio de responsabilidad (“quien contamina paga”) y de eficiencia económica, y permite resarcir a la sociedad por los costos que generan las emisiones contaminantes. A nivel internacional, existe también consenso en que los impuestos verdes son instrumentos de gestión ambiental que gravan las emisiones de carbono y otros gases nocivos. Así, se genera un incentivo económico para reducir las emisiones contaminantes, puesto que las empresas optarían por reducir su carga tributaria a través del mejoramiento de procesos, cambio de combustibles o innovación tecnológica. Hoy Chile cuenta con tres gravámenes a las emisiones de fuentes móviles y de fuentes fijas, que fueron incluidos dentro de la Reforma Tributaria aprobada en la Ley 20.780 de 2014, y en la Ley N° 20.899 de 2016. El primero de ellos es el que se aplica a vehículos livianos nuevos. El segundo se aplica a las fuentes fijas y grava las emisiones de óxido nitroso (NOx), material particulado (MP), y dióxido de azufre (SO2), que afectan directa y gravemente la salud de las poblaciones aledañas a los lugares donde estos se emiten. El tercero, también aplicado a las fuentes fijas, es un impuesto directo a la emisión de dióxido de carbono (CO2), el principal contaminante global y responsable del cambio climático. En este contexto, la experiencia sobre la aplicación de este impuesto, demuestra que no necesariamente ha cumplido con el objetivo para el cual fue creado. Hay coincidencia que no reduce de manera ostensible las emisiones y menos que promueva una transición hacia energías limpias por parte de las empresas emisoras. “El impuesto verde debe ser pagado también por empresas generadoras de energías limpias que no emiten CO2, ni contaminantes locales. La ministra reconoció que estaba informada sobre el funcionamiento, y coincide en que no es precisamente un sistema que incentiva la reducción de emisiones, sino que ha sido un impuesto recaudatorio que no ha servido necesariamente para la descarbonización”, explicó Sara Larraín. Cabe recordar que dentro de los desafíos ambientales Chile se encuentra en un proceso de descarbonización para avanzar hacia la transición energética. Actualmente las emisiones de contaminantes afectan a más de 10 millones de personas en diversas ciudades del país y provocan unas 3.700 muertes prematuras al año. Aunque hay algunas normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb), en muchas ciudades se superan con creces los límites establecidos en dichas normas, debiendo ser declaradas Zonas Saturadas o Latentes y poner en marcha Planes de Descontaminación Ambiental (PDA) que no han incentivado la descarbonización. La directora de Chile Sustentable explicó el contenido e institucionalidad involucrada en la aplicación del impuesto y sus distorsiones, en la que se incorpora el análisis de U. de Chile y PUC que se presentó en su momento ante el Ministerio de Hacienda durante el gobierno pasado. “La ministra se sorprendió del mecanismo. Ella está muy interesada en apoyar una reforma tributaria que facilite el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones e implementación de la Ley Marco de Cambio Climático promulgada el lunes recién pasado, por parte del gobierno y que ya fue publicada en el Diario Oficial”, dijo. Tras la presentación, Maisa Rojas expresó la necesidad de que “un impuesto, realmente sea verde y que contribuya a desincentivar las emisiones, tanto por los problemas locales como hemos visto estos días en Quintero y Puchuncaví, donde hay graves afectaciones a la población”. Por otro lado, se analizó la importancia de contar con un impuesto que permita sincerar también lo que cuesta para la sociedad este tipo de emisiones. “La idea es poder avanzar a partir de ahí en transformaciones profundas a objeto de revertir el cambio climático y por ende mejore la salud de la población”, explicó la ecologista Sara Larraín. Otros antecedentes Chile se ha comprometido a nivel internacional, a realizar acciones nacionales para abordar la amenaza del cambio climático. Este compromiso se expresa en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) vinculado a la firma del Acuerdo de París. Chile se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel emitido en 2007. Si obtiene aportes monetarios internacionales, Chile se compromete a una mayor reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB, hasta alcanzar una disminución entre 35% y 45% al año 2030, con respecto al nivel emitido en 2007. (Gobierno de Chile, 2015). Estos compromisos internacionales, junto a los altos niveles de contaminación local y la urgencia de cumplir con la normativa sobre calidad del aire, posibilitó que en la reforma tributaria de 2014 (Ley 20.780) se incorpora un impuesto verde cuyo fin es reducir la contaminación global y local, estableciendo un costo por contaminar. En definitiva, dicho gravamen económico, busca generar cambios de comportamiento en los responsables de las emisiones y disminuyan sus impactos.
