Es conocido el gran desafío que enfrenta la Humanidad y nuestro país ante la crisis climática. Tanto así que el IPCC menciona la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, para lo cual se deben reducir en un 45% las emisiones de CO2 al 2030, y ser carbono neutral para el año 2050. Ello, requiere una transición rápida y de gran alcance en los sistemas energéticos, industriales, urbanos, infraestructuras, uso de la tierra, entre otros; exigiendo cambios en los modos de producción y consumo de bienes y servicios, e importantes transformaciones territoriales. Los procesos de transición desde economías intensivas en gases de efecto invernadero hacia economías con bajas emisiones de carbono que mandata el Acuerdo de París, requiere considerar como eje central el reconocimiento de los derechos legítimos de los trabajadores, las necesidades e intereses de las comunidades, consumidores y ciudadanos, de tal forma de asegurar que nadie se quede atrás. El concepto de Transición Justa presenta la oportunidad de aunar estrategias y combinar las demandas de justicia social y empleo decente contenidas en dicho concepto con una visión renovada para incorporar respuestas integrales y estructurales a los impactos del cambio climático. En definitiva, considerar la protección de los derechos humanos reconociendo los principios de la justicia ambiental, la justicia energética y la justicia climática. En este sentido, una buena señal es el proyecto de Ley sobre Transición Socio Ecológica Justa presentada recientemente por un conjunto transversal de parlamentarios, cuyo objetivo principal es regular el proceso de transición energética y económica, como también de protección de sumideros y ecosistemas, a fin de incluir condiciones vinculantes para que esta sea justa y equitativa, y considere las necesidades socioecológicas de las comunidades, localidades y de los grupos vulnerables potencialmente afectados.
